Javier Alvarez Hernando. Abogado.

Abogado Valladolid PenalNo son pocas las ocasiones que, como letrados, tenemos que defender a nuestros clientes en procedimientos penales en los que se han negado a someterse a la realización de las pruebas de verificación de alcoholemia (o de drogas) por parte de la Policía. Existe cierta sensación general de que si no se realiza la prueba, por el riesgo a dar positivo, no podrá determinarse que el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol o drogas. Nunca más lejos de la realidad.

El articulo 383 del Código Penal (CP) regula este delito, al señalar que:

“El conductor que, requerido por un agente de la autoridad, se negare a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y la presencia de las drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas a que se refieren los artículos anteriores, será castigado con la penas de prisión de seis meses a un año y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta cuatro años.”

Este artículo fue modificado por la Ley Orgánica 15/2007 y se trata de una reforma de las de mayor calado dentro de la seguridad vial.

En la práctica cuando un conductor se niega a realizar la prueba de control etílico o de estupefacientes, la Policía o la Guardia Civil procederá a realizar la correspondiente denuncia frente a dicho conductor que va a suponer:

  • Que se le acuse de un delito por la negativa a someterse a las pruebas, en concurso real, con otro delito contra la seguridad del tráfico por conducir “bajo la influencia” del alcohol o drogas, del art. 379 CP o por conducción temeraria del art. 380 CP, según sea el caso.
  • Se va a dejar citado al conductor para que comparezca a un juicio rápido, en fechas próximas, en el Juzgado de Instrucción. Igualmente se citará a testigos de los hechos, agentes de la autoridad, y afectados y sus compañías aseguradoras, en el caso de haber existido daños materiales.

Si desea saber más sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido.

Cuando el “investigado” según la actual denominación acude en la fecha del juicio al Juzgado, si no comparece con abogado, se le designará uno del turno de oficio. Esto no significa que el abogado sea gratuito, ya que si no se cumplen las condiciones para disfrutar del beneficio de justicia gratuita el afectado deberá abonar sus honorarios. Compruebe si tiene derecho en el siguiente enlace.

Lo que puede ocurrir a partir de ese momento, es muy variable atendiendo a las circunstancias concurrentes del caso, y el lugar donde se ha producido, ya que, por ejemplo, pueden no haber comparecido los testigos, o no existir daños materiales, o existir daños personales, en el peor de los casos.

Abogado en Valladolid
Atestado real en el que existe una negativa a someterse a la prueba de alcoholemia.

En todo caso, y sin entrar a analizar en profundidad ni el tipo penal ni las variables que señalaba anteriormente, podemos indicar, de forma esquemática y general, una serie de premisas o cuestiones a tener en cuenta.

Es absolutamente recomendable (en la mayoría de las ocasiones) intentar llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, ya que en los juicios rápidos es posible llegar a una conformidad que conllevaría la reducción automática de 1/3 de la pena solicitada.

Así, por ejemplo, si el afectado no tiene antecedentes penales, el negarse a realizar a una prueba de alcoholemia puede suponer que el fiscal solicite la pena mínima, es decir, 6 meses de prisión (pena que se suspendería, según el art. 80 CP, durante dos años normalmente a condición de no delinquir en ese tiempo) y retirada del carnet de conducir por 1 año. A estas penas hay que sumar las correspondientes al delito de conducción bajo los efectos del alcohol o drogas que va a suponer normalmente una multa (que puede oscilar mucho, si bien rondaría los 500 euros si es la primera vez) y retirada del carnet de conducir por otro año más.

Si se llega a una conformidad con el Fiscal, reconociendo los hechos, estas penas se verían reducidas, como hemos dicho anteriormente, en 1/3, lo que supondría, por ejemplo, que la retirada del carnet se quedaría en 8 meses x 2 delitos, es decir, 16 meses de retirada, en vez de 24; además de pena de prisión (que se suspendería) quedaría reducida a 4 meses.

Por otro lado, recordamos que ser condenado por un delito contra la seguridad del tráfico va a conllevar el mantenimiento de antecedentes penales.

Si necesita un abogado especialista en derecho penal no dude en contactar con nosotros.

13 de junio de 2016

Javier Alvarez Hernando. Abogado

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