Por Javier Alvarez Hernando. Abogado.

La prensa se hace eco hoy de una investigación respecto al hecho de dos niñas que han grabado a otra menor en un vídeo sexual en un instituto de Soria y su posible difusión. 

Según el Diario de Soria, “una niña de 14 años y un joven de 18 mantuvieron relaciones sexuales en un baño del instituto Machado. Dos compañeras de los jóvenes, ambas de unos 14 años, grabaron la escena y posteriormente distribuyeron el vídeo a través de redes sociales” (…) “según la investigación las presuntas autoras de las grabaciones solicitaron 20 euros a la víctima para no difundir la grabación”. 

Pues bien, las compañeras de la joven grabada, al ser mayores de 14 años, son responsables penalmente, según la Ley del Menor (Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero).

En cuanto al tipo penal presuntamente vulnerado por estas menores, sería el contemplado en el artículo 197 del Código Penal, relativo al descubrimiento y revelación de secretos.

Concretamente  se castiga el hecho de vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento utilizando artificios técnicos de grabación o reproducción del sonido o de la imagen. Este delito se castiga (para mayores de 18 años), con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si esas grabaciones se difunden, se agrava la pena prevista: pena de prisión de dos a cinco años.

En el caso de que cualquiera que hubiera recibido ese video lo hubiera transmitido a su vez a terceros, como grupos de contacto, redes sociales o a través de programas de mensajería instantánea, incurriría en infracción penal, castigada con prisión de 1 a 3 años. Señala el Código Penal: “será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior”.

Por otro lado, el apartado 5º del artículo 197 del Código Penal impone la aplicación de la pena en su mitad superior, en el caso que estén afectados datos (la imagen se considera un dato personal), relacionados con la vida sexual o la víctima fuese menor de edad, como es el caso que estamos comentando.

Señala el precepto: “197.5 del CP que igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuere un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección, se impondrán las penas previstas en su mitad superior”.

Se requiere denuncia de la persona agraviada.

El artículo 201 del Código Penal establece que, en estos casos, se requiere denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, salvo en los casos de menores de edad, como es el caso que se está comentando, en el que puede denunciar y mantener la acusación el Ministerio Fiscal.

Finalmente, destacamos que el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal. 

Lamentablemente este tipo de sucesos son cada vez más cotidianos. Sin duda la generalización del uso de tecnologías entre los jóvenes y la falta de información acerca de las consecuencias hace que asuntos de este tipo lleguen con mucha frecuencia a nuestros Juzgados.

24 de marzo de 2017

Javier Alvarez Hernando. Abogado.


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