Javier Alvarez Hernando. Abogado.

Audiencia Provincial de Valladolid
Audiencia Provincial de Valladolid

El Tribunal Supremo a través de un Auto de 31 de julio de 2013, (siendo ponente Sr. D. Antonio del Moral García), en una causa especial, (en la que se analizaba el caso de un senador y un presunto acto de violencia de género), tuvo la ocasión de colocarse en el papel del Juez de Instrucción, en el momento en el que se llega al momento procesal en que a tenor del art. 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha de optarse por alguno de los caminos alternativos que abre el citado precepto, concretamente si lo procedente es:

  • decretar el sobreseimiento de la causa (art. 779.1.1ª) si estima que el hecho no es constitutivo de infracción penal o porque no aparece suficientemente justificada su perpetración, o si por el contrario,
  • procede seguir los trámites del Procedimiento Abreviado (art. 779.1.4ª) si el hecho constituye delito comprendido en el art. 757, dictando el auto de Transformación de Diligencias en Procedimiento Abreviado.

Señala el citado Auto que “la decisión a adoptar exige efectuar tanto:

  1. un nuevo juicio provisional de tipicidad para comprobar que los hechos objeto de investigación tal y como han sido acotados en la fase preliminar revisten caracteres de uno de los delitos a tramitar por las normas del procedimiento abreviado (de forma que si los hechos no son constitutivos de infracción penal, o, siéndolo, desbordan por su gravedad ese ámbito; o son de naturaleza leve y por tanto su enjuiciamiento ha de canalizarse a través del juicio de faltas habrá que archivar -art. 779.1.1ª- o reconvertir el procedimiento -arts 760 ó 779.1.2- respectivamente);
  2. como un juicio fáctico a nivel puramente indiciario para constatar que concurren elementos bastantes como para reputar «suficientemente justificada» la perpetración de los hechos denunciados. El resultado positivo de ambos juicios daría lugar a la continuación del procedimiento en la forma establecida en los arts. 779.1.4ª y 789.1 LECrim.”.

En otro momento, indica la citada resolución que “la posibilidad del Instructor de decretar el sobreseimiento asume el papel del juicio de acusación en este modelo procesal: para entrar en el acto del juicio oral no basta con una parte legitimada dispuesta a sostener la acusación (art. 782.2). Es necesario, además, que un órgano con funciones jurisdiccionales considere «razonable» esa acusación, lo que en el procedimiento abreviado se lleva a cabo, eventualmente, en un doble momento:

  • al elegir por alguna de las opciones legales en el trámite del art. 779; o,
  • en su caso, una vez que las acusaciones han exteriorizado su pretensión, al decretar la apertura del juicio oral (art. 783.1).

El canon de «suficiencia» de los indicios no es diverso en cada uno de esos momentos”.

También se plantea el indicado Auto “¿Qué significa «justificación suficiente» de la perpetración del delito? Esta decisión despliega en el procedimiento abreviado una función paralela a la del procesamiento en el procedimiento ordinario.

Por tanto la cota indiciaria exigible es equiparable a los «indicios racionales de criminalidad» mencionados en el art. 384 LECrim. Son algo más que la mera posibilidad o sospecha más o menos fundada. Es necesaria la probabilidad. Solo ese nivel justifica la apertura del plenario que, indudablemente, encierra también cierto contenido aflictivo para el acusado, aunque sea difuso. La probabilidad de comisión del delito, se traduce en negativo, expuesto de forma poco matizada, en la racional posibilidad de que recaiga una condena.

No pueden extremarse las exigencias en esta fase anticipando valoraciones que solo procederían tras examinar la prueba practicada en el juicio oral. Pero sí ha de cancelarse el proceso cuando racionalmente quepa hacer un pronóstico fundado de inviabilidad de la condena por insuficiencia del material probatorio con que se cuenta.

Si tal bagaje se revela desde este momento como insuficiente para derrotar a la presunción de inocencia y, con igual juicio hipotético, no pueden imaginarse ni variaciones significativas ni introducción de nuevos materiales, procederá abortar ya el procedimiento en aras de esa finalidad complementaria de la preparatoria del juicio oral: evitar la celebración de juicios innecesarios que, entre otras cosas, supondrían la afectación del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, también el de las partes acusadoras que verían inútilmente postergada en el tiempo la decisión final ya pronosticable, y dilapidadas energías no solo procesales sino también económicas y personales cuando se trata de parte no institucional.

El procesamiento exige que la hipótesis de la comisión del delito y la participación en él del inculpado sea al menos tan posible o fuerte como la contraria. Estamos en un escalón superior al necesario para tomar declaración como imputado y por supuesto, muy por encima de la verosimilitud que justifica la incoación de unas diligencias penales”.

Este criterio se viene manteniendo por muchas Audiencias Provinciales, tal y como puede verificarse en el Auto 431/2016 de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, en el que hemos sido parte apelante frente al sobreseimiento, revocándose el Auto de archivo del Juzgado de Instrucción, y continuándose la causa.

5 de julio de 2016

Javier Alvarez Hernando. Abogado.


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