Uno de los asuntos más recurrentes de los que ventilamos en el despacho son los procedimientos por impagos de pensiones alimenticias. 

Su regulación se encuentra en el artículo 227 del Código Penal, que dispone:

1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

2. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior.

3. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas.

Aclaramos que según establece el art. 142 de Código Civil se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestidos y asistencia médica de los hijos, incluyendo, así mismo, la educación e instrucción del alimentista, y los gastos de embarazo y parto, en cuanto éstos no estén cubiertos de otro modo.

Pues bien, parece claro que incurrir en este delito implica que el progenitor no custodio (hombre o mujer) deja de contribuir al pago de la pensión de alimentos a sus hijos que por resolución judicial viene obligado. 

Se trata de un delito de omisión propio del obligado al pago, por el incumplimiento de los periodos de tiempo señalados, constituyendo un delito de abandono de familia. 

La  Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de febrero de 2001 ya explicó que, aunque se predique la inexistencia del delito de abandono de familia por impago de pensiones en los casos de imposibilidad de pago, de ello no se sigue que sea la acusación la que deba de probar, además de la existencia de una resolución judicial que así lo señale y de la conducta omisiva, la disponibilidad de medios bastantes por el acusado para pagar, «pues siendo este dato uno de los factores a valorar en la resolución que establezca la prestación, y siendo susceptible de actualización o alteración por modificación de las circunstancias, el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión. Ahora bien: esto no obsta la posibilidad de que por el acusado se pruebe la concurrencia de circunstancias que hayan hecho imposible el pago, acreditándose así la ausencia de dolo en el impago de la prestación debida» .

Es decir, que es el acusado quien ha de probar que carece de recursos para abonar las pensiones.

Elemento discutido de manera reiterativa en este tipo de delitos es precisamente el elemento subjetivo, el hecho de que el impago de las pensiones haya sido voluntario, sobre todo cuando el acusado no tiene una nómina, un sueldo fijo, y resulta muy difícil acreditar cuáles son los recursos económicos con los que de verdad cuenta. Esto sucede en estos casos de personas que trabajan como autónomos. Y en estos supuestos sólo cabe acudir a la prueba de presunciones, más allá de la documentación «formal» que aporte el acusado.

En  ocasiones la imposibilidad de pago ha sido provocada por el propio deudor, para después invocar que carece de recursos para hacer frente a las pensiones que le fueron señaladas.

La Audiencia Provincial de Valladolid, en Sentencia de 26 de abril de 2006, se pronunció en un supuesto de imposibilidad de pago provocada, en el que el acusado tenía una empresa de fontanería que le permitía a él y a su familia vivir con holgura, y que decidió abandonar el negocio, cesar en las actividades que le reportaban beneficios, y pasó a ser trabajador por cuenta ajena con unos ingresos muy inferiores, insuficientes para hacer frente a las obligaciones paterno-filiales que le incumbían y de pensión por desequilibrio económico que le había sido impuesta.

Tal y como reconoce la Audiencia, las personas sin duda tienen el derecho a cambiar de actividad laboral y abandonar una empresa que le resulta rentable, pero si eso lo hace cuando tiene asumidas unas determinadas obligaciones económicas, impuestas judicialmente en sentencia, de pensiones de alimentos para con los hijos o de desequilibrio económico, en esos casos se estima que sí concurre el elemento subjetivo del injusto, y que el delito sí se ha cometido.

Si tiene alguna cuestión a este respecto puede realizar una consulta a nuestros abogados expertos en derecho penal.

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