El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el art. 58 bis apartado 1 de la LOREG, referente al tratamiento de opiniones políticas por partidos políticos.

29 de mayo de 2019.
El  Tribunal Constitucional, en su Sentencia de 22 de mayo de 2019, ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo y, ha declarado que es contrario a la Constitución y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, incorporado a esta por la disposición final tercera, apartado dos, de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

Acceso a la Sentencia íntegra (PDF).

El precepto impugnado permitía a los partidos políticos en el marco sus actividades electorales recopilar datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos.

Decía el precepto declarado inconstitucional:

1. La recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas que lleven a cabo los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales se encontrará amparada en el interés público únicamente cuando se ofrezcan garantías adecuadas.

La sentencia señala que “el legislador no ha precisado qué finalidad o bien constitucional justifica la restricción del derecho a la protección de datos personales ni ha determinado en qué supuestos y condiciones puede limitarse, mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y sus consecuencias”.

El TC considera que el derecho fundamental afectado es el de protección de datos personales, desde una doble perspectiva:

  1. Por un lado, como derecho fundamental autónomo dirigido a controlar el flujo de informaciones que concierne a cada persona;
  2. 2.-y por otro, como derecho fundamental instrumental ordenado a la protección del también derecho fundamental a la libertad ideológica.La sentencia afirma que “las garantías adecuadas deben velar porque el tratamiento de datos se realice en condiciones que aseguren la transparencia, la supervisión y la tutela judicial efectiva y deben procurar que los datos no se recojan de forma desproporcionada y no se utilicen para fines distintos de los que justificaron su obtención”. Por tanto, “las opiniones políticas son datos personales sensibles cuya necesidad de protección es superior a la de otros datos personales”.

La STC concluye afirmando que respecto a la recopilación de datos personales relativos a las opiniones políticas por los partidos políticos en el marco de sus actividades electorales, la ley:

  • no ha identificado la finalidad de la injerencia para cuya realización se habilita a los partidos políticos,
  • ni ha delimitado los presupuestos ni las condiciones de esa injerencia
  • ni ha establecido las garantías adecuadas para la debida protección del derecho fundamental a la protección de datos personales.

Por tanto, se han producido tres vulneraciones del art. 18.4 CE en conexión con el art. 53.1 CE, “autónomas e independientes entre sí, todas ellas vinculadas a la insuficiencia de la ley y que sólo el legislador puede remediar”.

En definitiva, subraya la sentencia, “la indeterminación de la finalidad del tratamiento y la inexistencia de garantías adecuadas o las mínimas exigibles a la ley constituyen en sí mismas injerencias en el derecho fundamental de gravedad similar a la que causaría una intromisión directa en su contenido nuclear”.

Acceso a la Sentencia íntegra (PDF).

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