Por Miriam Escudero. Abogada.

 

El artículo 1 de la Constitución Española configura España como un “Estado Social y Democrático de Derecho”, en el que la libertad se propugna como uno de los valores superiores del Ordenamiento Jurídico y la proclama en el artículo 17 como un Derecho Fundamental, por el que a nadie se le puede privar de libertad “sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley”.

Conforme a lo anterior, la libertad y la prisión provisional están dirigidas a garantizar la ejecución de la resolución judicial que al final del proceso se dictare. Sentado esto, la libertad provisional es el estado normal de la persona encausada o investigada, puesto que se presume inocente y la prisión provisional es concebida tanto en su adopción como en su mantenimiento como un instrumento de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada, conforme a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y, de forma ilustrativa, la Sentencia núm. 47/2000 TC (Pleno), de 17 de febrero, tal y como recoge la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 13/20003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

LA LIBERTAD PROVISIONAL

La persona encausada que esté sometida a esta medida cautelar penal, con o sin fianza, “constituirá apud acta la obligación de comparecer en los días que le fueren señalados (…), y además cuantas veces fuere llamado ante el Juez o Tribunal que conozca la causa”. Asimismo, el Juez o Tribunal para “garantizar el cumplimiento de esta obligación” podrá acordar de forma motivada la retención de su pasaporte, a tenor de lo dispuesto en el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en adelante, LECrim. Igualmente, para el caso de que se señale la libertad provisional con fianza el encausado deberá prestarla o ampliarla en el plazo concedido, pues de lo contrario será conducido a prisión, tal y como prevé el artículo 533 de la LECrim.

LA PRISIÓN PROVISIONAL

En la prisión provisional entran en juego dos derechos fundamentales, como son el derecho a la libertad del artículo 17 de la Constitución Española y el derecho a la presunción de inocencia del artículo 24.2 de la misma, sin que se pueda obviar que junto a estos derechos juega un papel relevante el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Respecto a este último y en relación con la prisión provisional, la Sentencia núm. 98/2002 TC (Sala Primera), de 29 de abril, menciona el derecho a que dicha situación esté sometida a un plazo razonable. De esta forma, el Tribunal Constitucional se pronuncia en consonancia con el Tribunal Europeo de Derecho Humanos y el artículo 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que dispone el “derecho de toda persona a la libertad”, previniendo expresamente los casos en que puede ser privado de la misma.

Sin perjuicio de lo anterior, la Constitución solo impone al legislador la obligación de fijar plazos sin imponer un límite preciso para la duración máxima de la prisión provisional. El tope temporal máximo de la prisión provisional cobra un especial significado en el cumplimiento del artículo 17.4 de la Constitución, así la Sentencia núm. 210/2013 TC (Sala Segunda), de 16 de diciembre, señala que: “El preso preventivo goza, pues, de un derecho fundamental a no permanecer en prisión más allá de un plazo razonable y desde luego a ser puesto en libertad una vez que se ha cumplido el plazo máximo de duración de la medida cautelar impuesta por una misma causa. Además, la Sentencia núm. 217/2015 TC (Pleno) de 22 de octubre, indica que esta circunstancia debe estar “prevista en uno de los supuestos legales”.

 

POSIBILIDAD DE MODIFICAR LOS AUTOS DE PRISIÓN Y LIBERTAD PROVISIONALES Y LAS FIANZAS EN SU CASO, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE LA CAUSA.

 Los autos de prisión y libertad provisional, y las fianzas en su caso, son “reformables durante todo el curso de la causa”, en virtud del contenido del artículo 539 de la LECrim.  En su virtud, “el imputado podrá ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente, y la fianza podrá ser modificada en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio”. Esta facultad está reconocida por el Tribunal Constitucional, en concreto en la Sentencia núm. 65/2008 TC (Sala Primera), de 29 de mayo, en la que se establece que: “Ni la situación de prisión preventiva, ni la de libertad provisional, ni la cuantía de la fianza que permite acceder a la misma, constituyen situaciones jurídicas intangibles o consolidadas y por ello inmodificables”.

El Ministerio Fiscal o cualquier parte acusadora puede recurrir los autos de prisión y libertad provisional, siempre que su pretensión sea agravar la situación del investigado, imputado o acusado. La defensa puede recurrir los autos en el supuesto de que su pretensión sea reducir o alzar la situación de privación o limitación de derechos.

MOTIVOS PARA RECURRIR UN AUTO DE LIBERTAD PROVISIONAL

 El recurso contra la adopción de la libertad provisional debe estar basado en los dos presupuestos que tradicionalmente deben concurrir en la adopción de cualquier medida cautelar, es decir, fumus boni iuris (razonables sospechas de la comisión de un delito por el eventual destinatario de la medida) y del periculum in mora (riesgo de sustracción a la acción de justicia). Asimismo, la medida debe seguir un criterio jurisdiccional y debe estar motivada.

Una buena defensa o acusación debe procurar mostrar la inexistencia o existencia de indicios racionales suficientes de criminalidad de la comisión de delito alguno por parte del encausado, debido a la falta o presencia de elementos fácticos relevantes para presumir o no la participación de éste en los delitos investigados. Igualmente, debe aludir a la ausencia o existencia de sospecha alguna de que el inculpado trate de frustrar la acción de la justicia penal, teniendo en cuenta que en el primer supuesto no cumple con la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida.

Es conveniente que la defensa o la acusación deje asentado que la medida de libertad provisional supera o cumple el juicio de proporcionalidad. En particular, debe mencionar que la medida no es apta o sí para conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad), que no es otro que el de asegurar la presencia el acusado en el proceso, pero incidiendo en que es necesaria o innecesaria en el sentido de que existen o no otras medidas menos gravosas para conseguir el mismo propósito (juicio de necesidad), sin olvidar que de esta medida se extraen más perjuicios que beneficios o al contrario sobre los valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto). Por último, no se puede olvidar hacer mención del principio de intervención mínima.

En cualquier caso, es fundamental dejar constancia de su carácter excepcional y la necesaria protección del derecho a la presunción de inocencia como regla de juicio, desvirtuándola en caso de que nuestra pretensión sea agravar la situación personal del encausado.

MOTIVOS PARA RECURRIR UN AUTO DE PRISIÓN PROVISIONAL.

Es importante tener presente los argumentos establecidos por la Doctrina del Tribunal Constitucional anteriormente mencionada, al igual que la acusación o la defensa debe valorar las circunstancias concretas en las que se dicta el auto que acuerda la prisión provisional.

La acusación o la defensa debe centrarse en la idea de que el encausado debe presumirse inocente o desmantelar la presunción “iuris tantum”, incidiendo en que la prisión provisional es homogénea con la pena privativa de libertad.

Una buena defensa o acusación debe mostrar y probar la ilegitimidad o legitimidad constitucional que representa la medida de prisión provisional en el supuesto concreto, destacando su ilegalidad o legalidad y la inexistencia o existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva por parte del encausado. Igualmente, debe dirigir su argumentación a que la resolución judicial no ha expresado o sí cuál es el presupuesto y el fin constitucionalmente legítimo perseguido.

Igualmente, la defensa o acusación debe valorar el peligro real de huida, las características y la gravedad del delito imputado y de la pena con que se amenaza al encausado, así como las circunstancias concretas del caso y las personales. Al efecto, debe tener en cuenta datos como el arraigo familiar y profesional del investigado. Esta alegación debe realizarla porque si bien en un primer momento las necesidades de preservar los fines constitucionales legítimos de la prisión provisional pueden justificar que se adopte atendiendo solo a las circunstancias objetivas como el tipo y la gravedad de la pena, el transcurso del tiempo a lo largo de una instrucción avanzada modifica el valor de este dato en la ponderación y obliga a tomar en consideración las circunstancias personales y datos concretos del caso.

Los motivos anteriormente expuestos deben ser articulados de forma efectiva y siguiendo los trámites y cauces adecuados, teniendo en cuenta los plazos procesales, recordando que los autos de prisión y libertad provisionales, y de fianza afectan a situaciones personales de forma gravosa por ser restrictivos de derechos y libertades, por lo que es fundamental analizar el caso concreto y asesorarse jurídicamente por un abogado especialista en Derecho Penal.

6 de marzo de 2018

Por Miriam Escudero Martínez. Abogada.

 

 

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