1 de junio de 2021.

 

Abogados en ValladolidTal y como dice la normativa, el imputado podrá ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente, y la fianza podrá ser modificada en lo que resulte necesario, para asegurar las consecuencias del juicio.

Sí, la situación de una persona que se encuentra en prisión o libertad provisional, y la fianza en su caso, es reformable durante todo el curso de la causa, buscando, en todo caso, una situación de equilibrio con los sacrificios que las medidas comportan, debiendo reducirse al máximo la adopción de aquéllas restrictivas de libertad. Consecuentemente, su ampliación debe responder a criterios de excepcionalidad. De esta manera, será posible que el derecho al a presunción de inocencia no se vea conculcado en el desarrollo del proceso por la adopción de medidas innecesarias. Por este motivo, la adopción de medidas cautelares, como lo son la prisión y la libertad provisional, debe respetar el principio de proporcionalidad durante la vigencia de las mismas.

Este espíritu es claro y nuestro Tribunal Constitucional así lo predica en su sentencia número 65/2008 que señala que: “Ni la situación de prisión preventiva, ni la libertad provisional, ni la cuantía de la fianza que permite acceder a la misma, constituyen situaciones jurídicas intangibles o consolidadas y por ello inmodificables”. Continúa afirmando que el artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “faculta indiscutiblemente, a los órganos judiciales a modificar una situación anterior (de prisión o de libertad) cuantas veces sea procedente y a modificar la cuantía de la fianza en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio”. En efecto, el Tribunal Constitucional tiene asentado que la incidencia del paso del tiempo en el sustento de la medida de prisión provisional obliga a posibilitar en todo momento el replanteamiento procesal de la situación personal del imputado y, por así expresarlo, a relativizar o circunscribir el efecto de firmeza de las resoluciones judiciales al respecto con la integración del factor tiempo.

Por lo tanto, sí es posible modificar la situación de prisión o libertad provisional, pero para proceder es necesario que el Juez o Tribunal que conozca la causa convoque una audiencia, salvo que se decretare la libertad provisional sin fianza, a instancia del Ministerio Fiscal o las partes acusadoras en la que podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza.

Así pues, el principio de oficialidad (a instancia del Juez o Tribunal) es inaplicable para la adopción de medidas cautelares distintas a la libertad provisional sin fianza y para cualquier modificación de las mismas en perjuicio del imputado, resoluciones que solo podrá dictar el órgano judicial si lo pide cualquier parte acusadora.

La celebración de esta comparecencia es independiente de la situación de detención del imputado y debe tener lugar en el plazo más breve posible dentro de las 72 horas siguientes a la puesta aquél, caso de estar detenido, a disposición judicial o bien en le momento en que se considere necesario por el órgano judicial competente para la modificación peyorativa de las medidas cautelares preexistentes.

Sin embargo, es posible la adopción provisional de oficio (a instancia del Juez o Tribunal) de las medidas cautelares que resulten procedentes cuando por cualquier causa no pueda celebrarse la audiencia inicialmente convocada o en caso de que el imputado se encuentre en libertad provisional y proceda agravar sus condiciones o reformar su situación. En ambos casos, debe convocarse una audiencia para dentro de las siguientes 72 horas a la correspondiente resolución judicial.

Por el contrario, no es necesaria la petición de parte, pudiendo ser acordada de oficio, para acordar la libertad provisional sin fianza o para aliviar las condiciones de libertad provisional, así como para la prohibición de residencia o estancia en determinados lugares acordada en el seno de una orden de protección.

La Circular número 2/1995 de la Fiscalía General de Estado, sobre el nuevo régimen procesal de la prisión preventiva, afirma que el Juez o Tribunal puede “de oficio pedir a todas o algunas de las partes un informe sobre la situación o conveniencia de convocar la comparecencia para debatir tal extremo”. Igualmente destaca que no siempre que media una solicitud de prisión o de agravamiento de la situación de libertad dimanante de cualquiera de las partes acusadoras será preceptiva la celebración de comparecencia, pues “el Juez o Tribunal puede desestimar razonadamente la petición de plano sin necesidad de convocar previamente a las partes y sin perjuicio de la recurribilidad de tal decisión (…) Otro entendimiento dejaría en mano de las acusaciones poco escrupulosas la facultad de poner en marcha el engorroso mecanismo de la comparecencia cuantas veces lo considerase oportuno, por escasas que hubiesen sido las variaciones en el curso de la causa”.

Por lo expuesto, es imprescindible contar con asesoramiento profesional para estudiar la posibilidad de solicitar una modificación de la situación de prisión o libertad provisional y razonar debidamente los argumentos para conseguir el objetivo pretendido que, no olvidemos, recae directamente sobre el imprescindible derecho de la libertad.

 

Si esta información le ha sido útil le agradecemos mucho que nos valore con  5 estrellas en GOOGLE a través de ESTE ENLACE.

 

Contacto

Valóranos en Google
Si esta información le ha sido útil le agradecemos mucho que nos valore con 5 estrellas en GOOGLE haciendo click en el siguiente botón.
Otros lectores ya lo han hecho y esto es lo que opinan...

Recibe presupuesto sin compromiso

¿En qué podemos ayudarle?

Rellene el formulario o llámenos al +34 983 377 435. Estaremos encantados de atenderle.

Nombre*
Protección de Datos*