25 de febrero de 2021.

Como norma general, cuando se produce la transmisión de un inmueble, ya sea por título oneroso (una venta, por ejemplo.), ya por título lucrativo (donación o herencia), se devenga el denominado Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), coloquialmente conocido como “Plusvalía municipal”.

El IIVTNU está regulado en los artículos 104 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales, y según el primero de esos artículos “es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos”.

Por su parte, en el artículo 107 se indica que “La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.”

Como vemos, es un tributo que grava EL INCREMENTO DE VALOR que experimenten los terrenos y que debe ponerse de manifiesto cuando estos se transmitan. Dicho esto, parece obvio que si los terrenos no incrementan su valor, o incluso si éste se reduce, el impuesto NO SE DEVENGA.

El problema es que en el artículo 107 antes citado se indica que “En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles”. Quiere esto decir que, al margen del precio que se obtenga por la transmisión del inmueble (que puede ser inferior incluso al valor de adquisición), el valor a tener en cuenta a efectos del impuesto es el valor catastral del suelo en el momento de la venta.

Esta circunstancia viene determinando que, desde hace años, al menos desde la explosión de la burbuja inmobiliaria, sea habitual que los terrenos se vendan por debajo de su valor de adquisición y que, pese a ello, los Ayuntamientos liquiden con normalidad el IIVTNU como si hubiese existido un efectivo incremento de valor, con la indeseada consecuencia de que se produzca el efecto confiscatorio del impuesto que viene vedado por nuestro Tribunal Constitucional, al surgir la obligación de liquidar un impuesto pese a que no se haya puesto de manifiesto generación de riqueza alguna.

Por ello, hace ya unos años, una serie de Juzgados y Tribunales comenzaron a plantear cuestiones de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para forzar que éste resolviese la cuestión.

Por el TC se dictaron unas primeras Sentencias, de 16 de febrero y 1 de marzo de 2017, relativas a los arts. 1, 4 y 7.4, respectivamente, de las Normas Forales 16/1989, de 5 de julio, reguladoras del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana en los Territorios Históricos de Guipúzcoa y Álava, y posteriormente la importante Sentencia de 11 de mayo de 2017, por cuestión planteada por un Juzgado de Jerez de la Frontera.

En el fallo de esta última el Tribunal Constitucional resolvió «Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4864-2016 y, en consecuencia, declarar que los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor«.

Como consecuencia del dictado de la Sentencia por parte del Tribunal Constitucional se produjo un vacío normativo aún no resuelto por el legislador, ocasionado tanto por la declaración de inconstitucionalidad de parte de los preceptos como por la inaplicabilidad, total o parcial, de los preceptos restantes.

Posteriormente, el propio Tribunal Constitucional (Sentencia de 31 de octubre de 2019) declaró de nuevo «que el art. 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, es inconstitucional, en los términos previstos en la letra a) del fundamento jurídico 5».

La referida letra a) del fundamento jurídico 5 dispuso que «la anterior declaración de inconstitucionalidad no puede serlo, sin embargo, en todo caso, lo que privaría a las entidades locales del gravamen de capacidades económicas reales. En coherencia con la declaración parcial de inconstitucionalidad que hizo la STC 59/2017, el art. 107.4 TRLHL debe serlo únicamente en aquellos casos en los que la cuota a satisfacer es superior al incremento patrimonial realmente obtenido por el contribuyente”.

En consecuencia, la STC de 31 de octubre de 2019 aclaró que el art. 107.4 TRLHL, en aquellos supuestos en los que la cuota tributaria resultante sea superior al incremento patrimonial obtenido por el contribuyente, es inconstitucional por vulneración del art. 31.1 CE, en la parte que excede del beneficio realmente obtenido.

A resultas de todo lo anterior, el Tribunal Supremo ya ha tenido ocasión de determinar el alcance confiscatorio de una cuota tributaria que agota por completo la riqueza gravable (Sentencia de 9 de diciembre de 2020), lo que sucede cuando la cuota del impuesto que resulta girada al contribuyente es superior al incremento de valor puesto de manifiesto por la diferencia de importes entre la escritura de compra y la posterior escritura de venta.

En definitiva, los tribunales han resuelto que como norma general:

1º) No se produce el hecho imponible y, consecuentemente, no procede liquidar el impuesto si resulta acreditado que el valor de transmisión es inferior al valor de adquisición, puesto que en ese caso no se pone de manifiesto incremento de valor alguno en los terrenos. Para ello hay que acudir a cualquier medio de prueba admisible en Derecho (valores en escrituras públicas, valoraciones por servicios tributarios administrativos, informes periciales, etc).

2º) Tampoco procede liquidar el impuesto si, pese a producirse incremento en el valor de los terrenos, puesto de manifiesto por la diferencia de valor entre la escritura de compra y la posterior escritura de venta, la cuota del impuesto que resulta girada al contribuyente es superior al incremento de valor obtenido.

Desde AC-ABOGADOS nos ponemos a su disposición para resolverles cualquier duda relativa a esta cuestión y para defender sus intereses ante las instancias correspondientes.

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