Por Miriam Escudero Martínez. Abogada.

Abogados en ValladolidTal y como expone el artículo 154 del Código Civil, la patria potestad, atribuida, en principio, a ambos progenitores, se ejerce siempre en interés de los hijos y comprende ciertos deberes y facultades como son: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles formación para el desarrollo de su personalidad. Incluso, conviene matizar que, a pesar de que un progenitor no ostente la patria potestad, está obligado a prestar alimentos a sus descendientes, entendiéndose, fundamentalmente, todo aquello indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica de los hijos.

En el supuesto de que exista sentencia de nulidad, separación o divorcio, las medidas que van a regir la vida personal, familiar y económica de los hijos deben ser determinadas por el Juez, en defecto de acuerdo entre los cónyuges o en caso de que el mismo no se apruebe judicialmente. Estas medidas pueden ser modificadas, judicialmente o mediante un nuevo convenio regulador, cuando se alteren “sustancialmente” las circunstancias, de conformidad con el artículo 91 del Código Civil. No obstante, esta sustancialidad, en ocasiones, genera dudas sobre qué hechos nuevos y qué cambios tienen la entidad suficiente como para trascender en el orden económico familiar, puesto que no cualquier variación, aun siendo notable y significativa, determina la modificación, sino que debe afectar de forma esencial y permanente a las condiciones que sirvieron de base para fijar la obligación del alimentista.

La Sala Primera del Tribunal Supremo entiende, tal y como señala en su reciente Sentencia 61/2017, de 1 de febrero, que la decisión de tener un nuevo descendiente es una decisión propia en ejercicio del derecho a la Libertad. Así, únicamente, en ciertos casos, esta decisión puede condicionar y/o limitar los derechos de los descendientes anteriores. El nacimiento de un nuevo hijo de una relación posterior, no supone, por sí solo, causa suficiente para dar lugar a la modificación de la pensión alimenticia a favor de un hijo de una relación anterior, sino que es preciso conocer si la capacidad patrimonial o medios económicos del alimentante es suficiente para hacer frente a la obligación precedente ya impuesta y a la que resulta de las necesidades de los hijos nacidos con posterioridad.

Los datos que permiten concretar la reducción de la pensión de alimentos en detrimento de un descendiente anterior y a favor de uno posterior son, primordialmente, la situación laboral y económica del alimentante, antes y después del nuevo nacimiento, así como la posición o riqueza de su actual pareja y la posibilidad de ésta de contribuir a la economía de la nueva familia, toda vez que la pensión de alimentos debe fijarse atendiendo a la necesidad del alimentista, que tiene derecho a exigir y a recibir los alimentos, y a la posibilidad real del alimentante, que tiene el deber legal y moral de prestarlos. Es decir, tener un hijo fruto de una relación posterior no es suficiente para dar lugar a la modificación de medidas, sino que es preciso, además, que el obligado a prestar alimentos justifique que la nueva carga familiar afecta de tal modo a sus posibilidades económicas que la no alteración implica un conflicto para dar al nuevo descendiente el mismo nivel de vida que disfrutaba el primero.

En consecuencia, el Alto Tribunal considera que todos los hijos son iguales ante la Ley y todos tienen el mismo derecho a percibir alimentos de sus progenitores, de conformidad con el artículo 39 de la Constitución Española, sin que exista un derecho de crédito preferente a favor de los nacidos en la primera relación respecto de los habidos, posteriormente, fruto de una nueva unión de hecho o de Derecho.

2 de mayo de 2017

Por Miriam Escudero Martínez. Abogada.


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